La Iglesia Católica no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por una amplísima parte de sus propiedades. El origen de esta exención está en los acuerdos firmados por el estado con el Vaticano en 1979. Estas reglas de juego son comunes a toda España, pero impactan especialmente en aquellas villas y ciudades con una presencia más relevante de la institución eclesiástica; un caso paradigmático es el de Santiago, que deja de ingresar 740 000 € al año por no poder cobrar el IBI a la Iglesia (mucho más si se consideran sus entidades ligadas) GLG
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