El juez José Castro ha reclamado a distintos organismos y entidades bancarias documentación sobre un préstamo de 600.000 euros que un empresario realizó a favor del propietario de la constructora Bruesa, Antonio Pinal, a fin de averiguar si con estos fondos éste sufragó de forma irregular la adquisición de la sede del PP balear. Los investigadores apuntan a que los pagos corrieron a cargo de Pinal a cambio de resultar favorecido con distintas adjudicaciones públicas durante el último mandato de Jaume Matas.
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