Las casas se derrumbaron el 18 de agosto de 1998, cuando llevaban poco más de un año construidas, dejando sin vivienda a 13 familias del municipio onubense. Tienen a su favor una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en 2011, que obligaba a la reconstrucción y a ser indemnizados. La mayoría han terminado de pagar las viviendas sin llegar a ocuparlas, porque La Caixa se negó a congelar las hipotecas mientras se llegaba a una solución.
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