El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado hoy estudiar la adopción de medidas jurídicas para que el Estado resarza al consistorio "por el perjuicio en la imagen de la ciudad y los males causados por la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad" el 1 de octubre. El ayuntamiento gobernado por Ada Colau también ha acordado "constatar el derroche de recursos públicos en la llamada Operación Copérnico", destinada a impedir el referéndum del 1-O.
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