La Supersur es un caso paradigmático de la política de transporte e infraestructuras que han llevado adelante las instituciones vascas y, particularmente, la Diputación Foral de Bizkaia, en las últimas décadas. Su primer tramo, con un coste superior a los 900 millones de euros, sin contar los nuevos accesos y otros remaches, se convirtió en la segunda infraestructura más cara de Euskadi, solo por detrás del TAV. Dicha inversión tenía como teórico objetivo solucionar la congestión crónica que sufre la autopista A-8 en el entorno de Bilbao.
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