Tras la dictadura, en 1986, se aprobó la "Ley de punto final", una ley de amnistía que favorecía a aquellos que habían cometido crímenes durante el gobierno militar. A pesar de esta, genocidas y acusados de delitos de lesa humanidad han venido siendo condenados desde hace tres décadas. Ahora una nueva ley de beneficios penitenciarios llamada 2×1, que computa doble los días pasados en prisión preventiva, amenaza con sacar de prisión a 752 genocidas, y la Plaza de Mayo ha vuelto a llenarse de pañuelos blancos contra la impunidad.
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