Todos los políticos se han puesto de acuerdo por una vez. Ha sido algo histórico. El consenso se ha alcanzado además en una cuestión éticamente compleja. Se preguntaban sus señorías a lo largo de varias sesiones en el Congreso y una final en el Senado si tienen derecho los partidos políticos a crear y archivar perfiles ideológicos de los ciudadanos, espiando o comprando reportes de su actividad en redes sociales, para bombardearles con propaganda personalizada. Y han llegado a la conclusión de que sí lo tienen.
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