La polémica por el "puerta a puerta" en la comercialización de los servicios energéticos llega a los tribunales. La Audiencia Provincial de Lugo acaba de condenar a un año de prisión a dos comerciales de una agencia de venta de directa que trabajaba para E.ON por cambiar "sin su conocimiento ni consentimiento" el contrato de suministro a catorce clientes para poder cobrar más comisiones. La sentencia sostiene que ambos son responsables de un delito de falsedad en documento privado y otro de tentativa de estafa, con el atenuante de dilación.
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