Previsiones erróneas (crecimientos de consumo de gas que nunca se materializaron), falta de transparencia en la formulación de los proyectos (hurtados al escrutinio público), sobredimensionamiento de las infraestructuras (tasas bajas, cuando no ridículas, de utilización de las mismas), costes para las arcas públicas (el ejemplo de Castor es emblemático) y para la ciudadanía (los precios medios del gas que tuvieron que pagar los hogares españoles entre 2015 y 2020 fueron los segundos más altos de Europa), sospechas de corrupción política, y ...
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