Los responsables de las cuatro organizaciones entienden que la actual redacción de su artículo 13 supone una amenaza para el ecosistema de Internet, el desarrollo de la economía digital y la creación de riqueza y empleo en España, especialmente al reinterpretar el concepto de “comunicación pública” afirmando que todo proveedor, plataforma o sitio online lo realiza ante contenido subido por sus usuarios. El artículo 13, de aprobarse en su actual redacción, obligaría a estos proveedores a monitorizar y filtrar activamente los contenidos
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