La denuncia penal va dirigida contra el secretario de Estado Hugo Morán, otros cuatro cargos públicos y 15 trabajadores de una consultora. A todos ellos les imputan delitos de malversación de fondos públicos comunitarios y estatales, prevaricación administrativa continuada y reiterada y discriminación por lugar de residencia. En la demanda también se solicita una medida cautelar suspensiva urgente para frenar la puesta en marcha de todos los equipos que tiene la depuradora de Somió, que la Confederación Hidrográfica pretende poner a funcionar
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