La propuesta de la CNMC de vetar para contratos públicos a diez de las doce empresas que organizaron varios cárteles para repartirse más de mil millones en obras públicas amenaza su negocio en un sector que mueve más de 16.000 millones al año. La principal adjudicataria de ese grupo es ACS, que participó en contratas por un valor superior a los 4.000 millones de euros que suponen casi la mitad del total de éstas
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