En total, las demandas por acoso sexual y mala conducta presentadas contra la Policía Estatal de Pensilvania le han costado a los contribuyentes casi $ 8 millones desde 2001, con la mayoría de los pagos que oscilan entre $ 5,000 y $ 435,000. El Caucus lo encontró a través de solicitudes de la ley Derecho a Conocer y por los registros del condado, del estado y los federales. Las denuncias que dieron lugar a estas demandas iban desde acoso físico hasta discriminación sexual y represalias, además de por trabajar en un ambiente de trabajo hostil.
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