La sentencia no afecta directamente a las 146 piezas abiertas sobre una década de ayudas públicas irregulares, que avanzan a duras penas en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. “Si no acabamos nosotros, el trabajo lo acabarán nuestros hijos”, comentó un funcionario. Entre ellos destaca la concesión de subvenciones por 1,4 millones del exdirector de Trabajo Javier Guerrero a su chófer, que confesó haber consumido cocaína pagada con fondos públicos.
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