Uno de ellos fue el llamado oidor juez de casados, un juez especial que apareció por la separación de hecho de muchos matrimonios durante la conquista de América. Fue muy común que los maridos que se embarcaron a las Américas, pasado un tiempo, abandonaran a sus esposas legítimas y se arrejuntaran con mujeres indígenas o blancas. La Corona ordenó crear esta figura cuya misión era obligar a los hombres, mediante la debida medida coercitiva legal, a cumplir con sus matrimonios.

Las mujeres representan ya el 53,2 % del total de magistrados y jueces en activo en España. Hasta 1966, la carrera judicial estuvo legalmente prohibida a las mujeres, como otras muchas cosas, como abrirse una cuenta en el banco sin el permiso del marido o tramitar un pasaporte. 52 años después, las mujeres representan ya el 53,2 % del total de magistrados y jueces en activo en España. La prohibición para acceder a la carrera judicial suponía “una protección de sus sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría

era un gran mal que ponía límites a otro mayor”. Es curioso que Tocqueville añada a la inamovilidad la falta de deseo de los jueces por ascender. Si los ascensos los decide el rey, naturalmente, los jueces tratarán de agradarle en sus sentencias para que aquél los premie con un ascenso. Este problema es, justamente, el que ha quedado mal resuelto en nuestra Constitución al atribuir al CGPJ el papel de decidir sobre ascensos judiciales no reglados, singularmente para acceder a la presidencia de tribunales y al Tribunal Supremo.

Antes de comenzar un inciso. Este artículo va dirigido a todas aquellas personas, entre las que me incluyo, que al leer un libro sobre la antigua Roma, necesitamos poner un poco de orden en las atribuciones que poseen, cónsules, ediles, pretores, cuestores, etc. Además dedicado especialmente durante el denominado periodo de la República, sin duda el más complicado de entender de los tres en que se divide la cultura romana

El Tribunal Constitucional ha anulado ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid tras el recurso presentado por 57 senadores pertenecientes al Grupo Socialista y al Mixto.