Las autoridades alegan que es una medida temporal para proteger una especie en riesgo. Los ambientalistas acusan a la industria maderera de ser la causa del problema. Científicos y colectivos ambientalistas critican la iniciativa, ya que la consideran una solución cortoplacista respecto a la verdadera raíz del problema: la transformación del territorio del caribú por la actividad humana.