El Ayuntamiento arrendaba los bienes propios a través de un concurso de subasta pública que se anunciaba a los vecinos a través de carteles y pregones. El día y hora del citado concurso, ante la presencia de las autoridades municipales y de los interesados, se iniciaba la subasta mediante un sistema de puja. Dicho sistema garantizaba la libre concurrencia de los postores dentro del marco de las ordenanzas y la participación del vecindario, e impedía que las autoridades locales y personas influyentes acaparasen los bienes propios del municipio.