Uno de los periodos más agitados de nuestra historia es el Sexenio Revolucionario (1868-1874) denominación con la que se conocen los años que van desde la caída de los Borbones —destronamiento de Isabel II en septiembre de 1868— hasta la restauración de la dinastía en la persona de Alfonso XII, en diciembre de 1874. En esos años se sucedieron los cambios de gobierno e incluso se cambió el modelo de Estado.

El poder de la mítica estirpe, que se adentró en las finanzas, la política y las relaciones internacionales, intervino en la modernización del país

Cuando este breve texto esté circulando por la red habremos llegado al 150º aniversario de la Revolución de 1868, conocida también como la Gloriosa y que cabría enfocar como la última de las revoluciones españolas del Ochocientos –o la penúltima, si entendemos como tal a la revuelta cantonal de 1873-, que abrió paso a un periodo de seis años, el Sexenio revolucionario o democrático, pues los diferentes regímenes ensayados en su transcurso encontraban en la democracia su razón de ser y su principio políticamente vertebrador.

Mucho se ha hablado del papel de las universidades en la transmisión de los resultados obtenidos y del impacto que genera la ciencia en la economía y sociedad en general, lo que se denomina Transferencia del conocimiento. En el año 2018, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) publicó las bases para una evaluación de la transferencia del conocimiento e innovación: el Sexenio de Transferencia. Por primera vez, se propone un sistema que establece unos indicadores para su medición.

En Canarias se lleva más de 25 años sin percibir los SEXENIOS por parte del Profesorado de Enseñanzas Medias, pese al ACUERDO entre el Gobierno del Estado y los Sindicatos más representativos de Octubre de 1991.

El capítulo de hoy se basa en la ocupación del edificio del Congreso de los Diputados por guardias civiles y soldados que desalojaron del mismo a los diputados, cuando se estaba procediendo a la votación de un nuevo presidente del Poder Ejecutivo de la República, en sustitución de Emilio Castelar.