El presidente de Iberdrola da por descartada la reapertura de la central nuclear de Garoña. ¿Cómo se gestionan los residuos que dejan atrás estas plantas?

La teoría oficial sostiene que el proceso vivido en los últimos años con Garoña ha sido técnico, pero los acontecimientos prueban que se ha tratado de una maniobra política y económica opaca, sin transparencia, repleta de artimañas y juego sucio.

Dentro de unas semanas se conocerá, por fin, el tan esperado informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la viabilidad de ampliar la central nuclear de Garoña. Mientras se suman las apuestas sobre su reapertura o su desmantelamiento definitivo, Nuclenor, la sociedad propietaria de la central más antigua de España, ha incorporado en sus cuentas anuales 2015 la provisión de 106 millones de euros para un posible desmantelamiento más 14,8 millones de euros para atender a las prestaciones de sus trabajadores, lo que ha disparado todas las alarmas

Tras Fukushima la energía nuclear no levanta cabeza. Un informe de expertos concluyó que se hubiera producido una catástrofe similar incluso sin terremoto. El problema de fondo fué la "connivencia" entre el Gobierno y Tepco. Por otro lado el lider mundial en el sector de la energía nuclear; Areva, pasa por un pésimo momento financiero tras el excádalo de la falsificación de informes de calidad en piezas críticas de centrales nucleares. EDF también tiene fuertes problemas financieros que hacen inviable el proyecto de la central Hinkley Point C.

Las Juntas Generales de Bizkaia han pedido este miércoles, por unanimidad, al Gobierno central que "respete los pronunciamientos de la mayoría de la sociedad vasca" contrarios a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña y han exigido su "cierre definitivo".

El último movimiento lo está dando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya cúpula está controlada por el Partido Popular: de las cinco personas que la componen, tres han sido elegidas por el partido. Este órgano podría aprobar mañana miércoles varios permisos para que la central nuclear pueda obtener una licencia para continuar su explotación 20 años más allá de la fecha límite para la que fue diseñada, acelerando así el proceso en los últimos días del Gobierno del Partido Popular, que en estos momentos está en funciones.

En 2015 se abandonaron las prospecciones petrolíferas en aguas españolas, se paralizó el ATC de Villar de Cañas y se anuló parte de la reforma de la Ley de Costas. Sin embargo, se aprobaron el llamado 'impuesto al sol' y la Ley Mordaza, se reformó la Ley de Montes y siguió abierta la central nuclear de Garoña.

En declaraciones a los medios tras la junta general de accionistas, Prado ha apuntado que se están tomando todas las "medidas oportunas" y el consejero delegado de la eléctrica, Andrea Brentan, ha explicado que los motivos económicos que causaron el cierre han desaparecido, en alusión al impuesto que gravaba de forma retroactiva el combustible nuclear gastado.