Toda la nieve de Sierra Nevada tiene un propietario. Se la vendió a perpetuidad el Gobierno de España a finales de 1871 por 125.000 pesetas de entonces; los dueños de los neveros conservan plenamente vigente su escritura de propiedad. En los 150 años transcurridos desde que el Estado vendió la nieve a un particular, su comercialización ha pasado por etapas muy diferentes, marcadas por los rápidos avances tecnológicos en la producción de frío.

Varios dirigentes de ambas formaciones políticas se lanzaron ataques sobre la privatización de la compañía eléctrica española, un proceso que comenzó con el Ejecutivo de Felipe González y terminó con el de José María Aznar. "El Estado no tenía el 100% de las acciones de Endesa, sino algo más del 95%. De ahí que después de la primera salida a bolsa se queden con un 75,6% de participación pública”. En 1997, el primer gobierno popular de José María Aznar lanzó una oferta pública de venta de acciones de la empresa, como se recoge en la referencia…

En 2014, aquejada de los sangrados que tenía entre los periodos menstruales y después del coito, Vicky Phelan fue al ginecólogo antes de la revisión que tenía programada y le informaron de que padecía cáncer de cuello uterino: los exámenes detectaron un tumor primario del tamaño de una pelota de golf, así como múltiples metástasis en los ganglios linfáticos. Por otra parte, Phelan, de cuarenta y pocos años y madre de dos hijos, trabajaba en un centro de alfabetización en una universidad de Waterford y gozaba de buena salud.

Casi el 50% del suministro está ya en manos privadas.

Es algo que se suele sacar a relucir: España es uno de los países que menor porcentaje de renta destina a su sistema público de salud, el 6,4% del PIB, unos 1.500 euros al año per cápita (ojo, si le sumásemos la privada, en España ocuparíamos un 10% del PIB y una media de 2.300 euros al año), pero es también uno de los más garantistas y eficientes del mundo.

En el periodo comprendido entre 1982 y 1990, estando España gobernada por el PSOE, fueron 51 los bancos que quebraron o entraron en suspensión de pagos, el costo para los españoles fue de 866.837 millones de pesetas según los datos del Fondo de Garantía de Depósitos, ni un solo banquero acabó en prisión. No fue hasta 1993 cuando Mario Conde ingresó en prisión, un asunto en el que el gobierno tuvo que ver y mucho.