La democracia representativa descansa en determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión, porque es la indiscutibilidad de unos pocos principios lo que nos permite discutir civilizadamente lo demás. El primer principio no susceptible de ser discutido es el de que los representantes elegidos de manera directa por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio no pueden ser perseguidos penalmente por las "opiniones manifestadas" o por los "votos emitidos" en el ejercicio de su función representativa.

Son «exenciones en favor de personas o cosas eclesiásticas en relación con la legislación, jurisdicción o administración del Estado». El acuerdo sobre asuntos jurídicos de 3 de enero de 1979 garantiza la inviolabilidad de los lugares sagrados y el núm. 6 del mismo artículo extiende la inviolabilidad a los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia episcopal española, las Curias episcopales, las Curias de los Superiores mayores de las órdenes y congregaciones religiosas, las parroquias y a otras instituciones…