Hasta 1910, el patrimonio cultural de Malta disfrutó de una protección legal casi nula. La Ordenanza de Antigüedades de 1910 cambió todo eso. Por primera vez en la historia, una ley reconoció oficialmente la dimensión social del patrimonio cultural en propiedad privada. El objeto artístico o histórico seguía perteneciendo al propietario, pero el Estado asumía el papel de guardián en el interés más amplio de la comunidad.