Los ayuntamientos interesados deberán ceder el local y el Gobierno gallego pagará una cuantía aún no determinada a las entidades financieras que resulten seleccionadas para la instalación y mantenimiento del cajero, así como para que destinen personal para ayudar y formar a la ciudadanía de esos lugares -especialmente rurales y envejecidos- en el uso de los aparatos y de la banca electrónica. Sin embargo, la Xunta solo pagará un máximo de 104 horas al año por ayuntamiento de esa ayuda personal, esto es, dos horas a la semana.
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