En marzo pasado, entró en vigor la nueva Ley de Transparencia , que se extiende a varias de las disposiciones del texto en vigor desde 2006 y que exige a la Xunta de Galicia que difunda el contenido de documentos que hasta ahora no eran públicos.El Gobierno gallego sólo hizo públicos durante una semana cada uno de sus contratos más pequeños y luego los borró.
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