Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, que gestionaban un vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda (A Coruña) "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones. El Ministerio Público, en su escrito de calificación de los hechos, junto a las penas de prisión, pide también el pago de una indemnización de más de 500.000 euros
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