Las medidas, penalizan el hecho de no denunciar un delito, reducen la edad de responsabilidad penal a 14 años e introducen penas de hasta siete años de cárcel por "justificación pública de terrorismo", inclusive en Internet. Se implanta la obligación de las empresas de Internet y de las redes sociales de almacenar los mensajes, llamadas y datos de los usuarios durante seis meses.
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