La Fiscalía Anticorrupción da por hecho que José Manuel Villarejo repatrió a España desde Panamá y Uruguay un millón de euros procedentes de los pagos recibidos como contraprestación por el informe privado de inteligencia que elaboró siendo aún policía para unos clientes guineanos (conocido como Informe King) y que ese dinero lo invirtió en la compra de acciones de una sociedad que explotaba una clínica privada en Estepona (Málaga) de la que él ya era socio.
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