Tras las nuevas revelaciones de cómo la Policía Nacional controlaba al cerebro de los atentados del 17-A hasta poco antes de la masacre yihadista de 2017, la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo, personada como acusación popular en la causa, considera que "se están confirmando las sospechas de que se cometió algún tipo de error estratégico en la vigilancia de Abdelbaki Es Satty", pero el Gobierno lo oculta declarándolo "materia reservada".
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