La idea que maneja el equipo de trabajo del Ministerio de Fomento es que la financiación pública para la reforma de pisos a cambio de que sean alquilados a precios por debajo del mercado actual no se destinaría a particulares, sino a los grandes tenedores, esto es, bancos, fondos buitre y Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis). Es decir, la ayuda pública se destinaría precisamente a las entidades que se hicieron con los pisos tras el desahucio de sus propietarios.
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