La Declaración de Barcelona exige medidas a las instituciones públicas para aliviar la emergencia habitacional de todo el país. Palma se ha unido a otras 15 ciudades españolas para reclamar restricciones a la especulación y una regulación de precios de la vivienda. «Hay que ponerle coto al mercado, en todos los barrios de Palma hay serios problemas con el alquiler. Lo estamos viendo en Son Roca, donde no hay oferta, o en Son Gotleu, donde se piden 1.000 euros por pisos en mal estado y ya hay oferta de alquiler turístico»,
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