En las conclusiones presentadas hoy en Ginebra tras la primera revisión al Vaticano como Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, el Comité señaló que el argumento de la Santa Sede de que no tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos por sus ministros en terceros países no es consecuente con el instrumento internacional. El Comité recordó que la Convención estipula que “todos los funcionarios públicos o personas que actúen en una capacidad oficial” deben cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado...
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