A través de un informe encargado a los servicios de la Cámara Baja, se alerta de que la norma, en fase de tramitación en el Congreso, invade competencias autonómicas y recoge medidas que "pueden chocar" con la proclamación de pluralismo político, con derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, ideológica y religiosa, la libertad de expresión e información o el derecho a la educación en todas sus vertientes, entre otras.
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