El sector de las residencias de mayores está cada vez más controlado en España por un grupo de empresas privadas en manos de fondos de inversión y de multimillonarios españoles y franceses. También la Iglesia católica gestiona cientos de residencias. Las fundaciones y asociaciones no religiosas y las cooperativas tienen un papel muy limitado, con una única excepción: Gestión de Servicios Residenciales (GSR), una cooperativa del grupo vasco Mondragón que cuando comenzó la pandemia se encargaba de 19 geriátricos.
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