La UGT celebra la decisión del gobierno de prohibir que las trabajadoras sexuales se organicen sindicalmente. Entendiendo esta actividad como algo "innegablemente ligado a la trata para la explotación sexual", proponen abolirla y penalizar a los demandantes. Defienden que cualquier atisbo de legalizar cualquier dinámica que se encuentre en un vacío legal "beneficia exclusivamente a los explotadores".
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