El Comité Europeo de Derechos Sociales exige a España aplicar la normativa de protección a los empleados que se recoge en la Carta Social Europea que deja en manos de los jueces la cuantía de las indemnizaciones por despido. España deberá prescindir de los 33 días por año trabajado y dejar la indemnización en manos de un juez.
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