La Comisión Europea decidió dar un tirón de orejas a las inmobiliarias y endureció las medidas orientadas a este sector en su última actualización de la directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Uno de los cambios más importantes que introduce esta directiva es la inclusión como sujeto obligado de las empresas de gestión de alquileres así como un incremento del control de las promotoras que se dedican fundamentalmente al mercado de lujo.
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