La aplicación de la ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como 'ley del sólo sí es sí', sigue provocando discrepancias en los diferentes órganos judiciales españoles en espera de que el Supremo siente definitivamente doctrina sobre este asunto. Todos los actores, tanto jurídicos como políticos, confían en que aclare si los criterios defendidos por la Fiscalía General, que busca reducir al máximo el número de rebajas de condenas a agresores sexuales, tiene el efecto deseado.
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