La ordenanza municipal fue pactada por PP, Ciudadanos y Vox en Alicante, y fue recurrida gracias a Podemos. Al Ayuntamiento y a Vox le han sido impuestas además las costas. Podemos alegaba que multar a personas sin hogar atentaría contra sus derechos al expulsarlas del término municipal, y porque las multas les impactarían desigualmente respecto a otras personas no pobres que alguna vez durmiesen en la calle. El Tribunal ha estimado que en realidad toda la ordenanza podría anularse por la falta de un preceptivo informe de género
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