Greenpeace inició el proceso judicial tras la denegación por parte de la Secretaría de Estado de Comercio de la información referente a la exportación de munición de artillería a Arabia Saudí. Tanto la Ley española de exportación de material bélico como la normativa europea e internacional prohíben la exportación de armas a países que puedan usarlas para cometer violaciones de derechos humanos
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