La Audiencia reconoce que «ha sido imposible determinar hasta el momento» el perjuicio generado por la actuación de la exfuncionaria Marta Renedo. El perjuicio generado en la Consejería de Educación, no puede ser cuantificado porque el Principado no hizo un primer cotejo de los materiales que han sido entregados en los colegios hasta el año 2015, cuatro años después de que se destaparan estas irregularidades.
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