El organismo concluye que no puede reclamarse esas cantidades a ningún responsable de consejerías y organismos públicos, posibilidad que había abierto la Cámara de Cuentas en un duro informe. La Fiscalía sostiene que “no hubo menoscabo de fondos públicos en relación con las irregularidades detectadas” y el Gobierno de Aragón respalda ese criterio. No hubo irregularidades contables en el gasto de 268 millones de euros sin respaldo presupuestario previo por el Gobierno PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi en 2014, y ningún alto cargo del Ejecutivo
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