Según explica la Guardia Civil, al parecer, los funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, en acuerdo con el que fuera trabajador de la notaría, procedían a la emisión de resoluciones y certificaciones catastrales irregulares favoreciendo los intereses de terceras personas. Estos beneficiarios de las actividades ilícitas pagaban altas cantidades de dinero para alterar la titularidad de parcelas, tanto de personas vivas como recién fallecidas; modificar superficies y trazado de las mismas, en muchos casos par
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