Hemos iniciado el camino necesario para que cualquier ciudadano pueda hacer lo que ya reconocen las directivas europeas, es decir, generar, almacenar, gestionar y usar su propia energía. Pero para ejercer esos derechos debemos saber mucho más sobre el origen y las consecuencias que tiene cada fuente de energía y, sobre todo, debemos tener un sistema mucho más transparente. No puede ser que la factura de la luz sea todavía un jeroglífico indescifrable para la mayor parte de la ciudadanía.
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