Muestra de esas posiciones conciliadoras (¿y claudicantes?) son las distintas piruetas con las que se pretende eludir un pronunciamiento público y explícito, dentro y fuera de la Subcomisión, sobre una condición imprescindible para levantar la hipoteca del adoctrinamiento confesional mantenido hasta el presente en nuestro sistema educativo: la Denuncia y Derogación de los Acuerdos (para-constitucionales) de 1979 con el Vaticano y los de 1992 con otras confesiones religiosas, que piden obtener igual trato de privilegio.
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