La condena del juez Elpidio Silva estuvo dirigida por Gallardón desde el Miniterio de Justicia y su objetivo era impedir que se investigasen las implicaciones de Gallardón y de Aznar en operaciones irracionales de Caja Madrid-Bankia. La sentencia legal es el voto particular del juez Beltrán: no hay prevaricación.
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