Un mes después de que el estado de alarma paralizase las protestas del sector agrario se estima que a causa del COVID-19 faltan unos 150.000 temporeros para la recolección de cosechas. Para atajar este problema, germen de un posible desabastecimiento alimentario, desde el Gobierno se ha autorizado la compatibilidad de ciertas prestaciones públicas con el salario con la esperanza de hacer más atractivo el trabajo agrícola sin aumentar el gasto de la patronal agrícola.
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