El pasado 30 de julio, la Oficina de Conflictos de Interés autorizó a Torres-Dulce a prestar sus servicios en este despacho de abogados, pese a que no habían pasado aún los dos años de enfriamiento que prevé la ley tras el cese de los altos cargos. En concreto, la norma establece que “los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”.
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