Hoy ganan los buenos. El Tribunal Supremo ha dado la razón a Civio y establece que las administraciones públicas sí están obligadas a dar a los ciudadanos información creada antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Así, tumba la sentencia de la Audiencia Nacional que, en una interpretación de la Ley de Transparencia que limitaba el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, sentenció que solo debían dar datos confeccionados desde la entrada en vigor de la norma, en diciembre de 2014.
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