Este artículo del Tratado de Lisboa recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro, en este caso España, por violar valores básicos de la UE y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. La ANC pidió, mediante una ICE, que se aplicase a España "por la vulneración de los derechos políticos y civiles del pueblo catalán y por extensión de las minorías nacionales y sus representantes".
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