Tras el cierre de los bancos, se impusieron unos controles de capital en Grecia que siguen vigentes, con amplios costos sociales y económicos para una economía que ya venía con problemas. Sabemos que el BCE emitió una opinión legal sobre la legalidad de esos actos. Queremos leer esa opinión, pero el BCE se niega a hacerla pública. Señor Draghi, si usted actuó de acuerdo con la ley de la Unión Europea y con los estatutos del BCE, ¿por qué no hace pública la opinión legal que emitió sobre aquellas decisiones del BCE que provocaron el cierre?
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